Fiscalía archiva caso de jóvenes que murieron electrocutados en local de McDonald's de Pueblo Libre

El Ministerio Público indicó que “no hay lugar para formular la denuncia penal contra el gerente general de la empresa Arcos Dorados del Perú SC, entre otros implicados”.

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Tras varios meses de incesante dolor, el Ministerio Público indicó que el caso de los jóvenes fallecidos dentro de un local de la conocida cadena de comida rápida McDonald's en Pueblo Libre, será archivado al no encontrar fundada la denuncia penal.

“No hay lugar a formular denuncia penal contra José Carlos Andrade Roy, gerente general de la empresa Arcos Dorados del Perú SC, María Vanessa Pisfil Silca de Orihuela, Flanklin Ramón Medina Huamán, quienes habrían sido culpados por el delito contra la libertad, violación de la liberta de trabajo, en agravio de Calos Campoy y Alexandra Porra, al igual que otros trabajadores”, mencionó la entidad del Estado.

Según lo menciona un documento de la Fiscalía, la familia de la fallecida muchacha, habría dejado el caso tras recibir un acuerdo económico con la referida sociedad comercial, impidiendo que la solicitud de una denuncia penal siga su curso.

“Bajo los alcances del citado acto jurídico, las personas de Johanna Inga Argote y Ricardo Porras Urbizagastegui, presentaron los escritos glosados, donde manifestaron que mediante un acuerdo mutuo habían arribado a una transacción extrajudicial con Operaciones Arcos Dorados de Perú SAC, relacionada al suceso que originó esta investigación”, sustentaron.

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“Así, al haber satisfecho su interés patrimonial solicitan se prescinda de su participación en la investigación y el proceso penal, así como se abstengan de continuar notificándolos las diversas disposiciones y citaciones por las cuales se ordenan diligencias, ya que no participarán en ellas”, agregaron.

“Las partes involucradas en un evento como ha pasado en McDonald's, de manera independiente, pueden acordar una transacción, pero no implica que el fiscal renuncie a su labor y deberes constitucionales que es de perseguir el delito, de buscar la verdad. Entonces ambas cosas van por cuerdas separadas, el fiscal debería llegar a una conclusión, que estamos a un ilícito penal. Lamentamos que hayan archivado a este extremo”, comentó el abogado de los deudos a Canal N.

“Estamos elaborando un recurso que deja para que esto sea elevado al fiscal superior y corrija esta aberrante resolución que crea un precedente nefasto. Nuestro llamado a la fiscal de la Nación y al Ministerio de la Mujer, porque acá se busca la verdad”, finalizó el defensor legal.

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