Poder Judicial confirmó la prisión preventiva contra el comandante Raúl Prado
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El Poder Judicial confirmó los 36 meses de prisión preventiva que se le impuso contra el ex el comandante en retiro de la Policía Nacional del Perú, Raúl Enrique Prado Ravines, presuntamente por ser sindicado como el cabecilla de la organización criminal "Escuadrón de la Muerte" que se dedicaban a realizar operativos falsos con el fin de obtener ascensos.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado resolvió ratificar la prisión preventiva decretada en primera instancia contra el comandante en retiro Raúl Enrique Prado Ravines.
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Así lo determinó el mencionado tribunal al declarar fundado en parte la apelación planteada por el abogado defensor del referido investigado contra la resolución emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado.
El prófugo imputado es considerado por la Fiscalía como uno de los cabecillas del "Escuadrón de la Muerte", que era un presunto grupo de policías que simulaban operativos falsos y asesinaron de manera extrajudicial a 27 presuntos delincuentes, entre 2012 y 2015, generando “operativos exitosos", lo que producía una posibilidad de acceder a un ascenso extraordinario en la PNP.
De acuerdo con la resolución judicial, “los criterios nucleares por los que se impuso la prisión preventiva respetan el estándar exigido por la ley y los criterios hermenéuticos vinculantes de nuestro sistema procesal en seis casos” (referidos a los operativos simulados).
No así, precisa el colegiado, en el caso denominado Santa Anita, donde no está acreditado el primer presupuesto (fundados elementos de convicción) para dictar la referida medida cautelar, razón por lo que optó por declarar fundado el recurso impugnatorio en ese extremo.
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El tribunal lo preside el magistrado César Sahuanay Calsín y lo integran los jueces Iván Quispe Aucca y Francisco Medina Salas.
El Poder Judicial notificó a la Policía Nacional del Perú (PNP), la orden de la “inmediata ubicación, captura y conducción” del ahora prófugo de la justicia.
