Admiten demanda por un presunto desbalance patrimonial de fallecido exmagistrado

De comprobarse el delito imputado por la Fiscalía, el dinero incautado pasaría al tesoro público del Estado.

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El caso se encuentra en manos de la Primera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima
El caso se encuentra en manos de la Primera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima

Se admitió una demanda por extinción de dominio, por causa de más de medio millón y medio de dólares no declarados por un ex juez superior fallecido. El pedido fue aceptado gracias a las acciones llevadas a cabo por la Primera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima.

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El difunto al cuál se le detectó un desbalance patrimonial responde al nombre de José Alberto Infantes Vargas, quien estuvo en el Poder Judicial desde 1984 hasta el 2016 y ejerció el cargo de Juez Supremo durante el 2001 y el 2004.

Hamilton Castro Trigoso, fiscal provincial, fue el encargado de presentar dicha solicitud. Él sostuvo que las investigaciones empezaron en marzo de este año, y con el transcurso del tiempo se detectó en el Banco de Crédito del Perú una cajilla de seguridad con más de US$300 mil dólares que, en las declaraciones juradas de bienes y rentas del fallecido magistrado, no figuraba.

Eso no es todo, la Fiscalía también descubrió que Infantes Vargas tenía otras cuentas en el Banco de Crédito y en el BBVA Continental, en dichas entidades bancarias los montos no declarados ascendían a $ 200 mil dólares.

El fiscal del Ministerio Público advirtió una suma de más de 523 mil dólares americanos, que al parecer habrían sido conseguidos ilegalmente por el fallecido. La enorme diferencia entre las remuneraciones percibidas por Infantes y su patrimonio financiero, hacen sospechar al representante del Ministerio Público de un posible delito de enriquecimiento ilícito.

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El fallecimiento del magistrado hace imposible que se le pueda iniciar un proceso judicial, sin embargo, de comprobarse que cometió un delito, el dinero incautado pasaría inmediatamente al tesoro público del Estado.

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