Familiares de jugadores que murieron en accidente de Chachapoyas piden justicia

Los familiares de los jugadores del equipo de fútbol de menores de Sub 14 de Chachapoyas, que fallecieron en el bus de la empresa GH, llegaron a Lima para pedir justicia.

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Padres de los menores del equipo de Fútbol de menores Sub 14 de Chachapoyas piden justicia
Padres de los menores del equipo de Fútbol de menores Sub 14 de Chachapoyas piden justicia

Los familiares de los siete jugadores del equipo de fútbol de menores Sub 14, que fallecieron al caer el bus de la empresa GH donde viajaban para jugar un torneo, en la ciudad de Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas en Amazonas, llegaron a Lima para pedir ayuda y que se haga justicia.

Al cumplirse un año del accidente de tránsito, uno de los padres Eduar Santillán quien viajó desde Chachapoyas a Lima para pedir que el Ministerio de Justicia pueda ayudarlos y lograr justicia, dijo que en noviembre ocurrió el accidente y desde esa fecha ya todo lo estaban arreglando. "Mientras nosotros llorábamos la pérdida de nuestros hijos, ellos estaban arreglando todo a su manera".

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El padre de la víctima afirma que descendió al abismo donde se encuentran los restos del vehículo accidentado, encontrando que este ha sido desmantelado de sus autopartes e incendiado posteriormente y que se habría hecho esto con la finalidad de desaparecer las evidencias e impedir que el peritaje revele las verdaderas causas del accidente

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Eduar Santillán dijo que la Fiscalía no dispuso realizar un peritaje al carro, no custodiaron el bus y al pasar un año de ocurrido el accidente y el caso podría archivarse porque no han encontrado responsabilidad a los dueños de la empresa GH Bus que es de propiedad del entonces gobernador de Amazonas, Gilmer Horna Corrales.

Agregó que el conductor de la unidad siniestrada no tenía licencia para operar buses y minubuses y desde el año 2017 la empresa lo contrató conociendo que estaba cometiendo un error por lo que configura delito culposo y no doloso como ha planteado la fiscal Lourdes Valqui Suta, de la Fiscalía Provincial de Chachapoyas. Santillán asegura tener evidencia respecto a la licencia del conductor.

Manifiesta tener un video del vehículo quemado en el fondo del abismo, donde también se evidencia la no existencia de cinturones de seguridad y también acusa a la fiscal Valqui de no haber puesto en custodia a la unidad accidentada.

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Precisamente sobre el peritaje dice Eduar Santillán que este fue realizado por un mecánico empírico y que el resultado no evidencia desperfectos en el bus que se accidentó y que dicho peritaje debió ser realizado por un ingeniero.

El deudo también asegura que denunció a la empresa GH Bus ante el INDECOPI y que este organismo, cuando fue ante la fiscal Lourdes Valqui Suta, a solicitarle la documentación del caso, le fue negada por la magistrada. Ante ello, su abogado César Ipanaqué, ha quejado a la fiscal ante las instancias competentes y han pedido que se aparte del caso.

Eduar Santillán manifiesta que está dispuesto a decir toda la verdad y que lo único que quiere es que encuentre al culpable de la muerte de su hijo, porque no quiere, ni le importa el dinero y que por eso ha rechazado varias veces los ofrecimientos económicos de los representantes de la empresa para que no desista de las acciones civiles y legales. Según Santillán, otros tres padres están dispuestos a testimoniar.

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Por su parte, su abogado César Ipanaqué, dijo que la Fiscalía solo ha denunciado al administrador de la empresa de transporte GH Bus, César Solsol Dequistán, sólo porque éste le entregó las llaves al chofer para que maneje el ómnibus, mientras que a los dueños ni al represantante legal no lo hicieron.

De otro lado, los adolescentes sobrevivientes sufren de fuertes dolores de cabeza en la actualidad y la mayoría de ellos padecen constantes pesadillas y no han recibido ningún tipo de ayuda psicológica por parte de la empresa, por lo que piden ayuda al Ministerio Salud.

Asimismo, recordaron que a dos días del fatal accidente, representantes de la empresa GH Bus llegaron a los padres de las víctimas para ofrecerles entre 2500 y 3000 soles a cambio de que no denuncien a la compañía.

Incluso, algunos, producto del shock y del desconocimiento, firmaron las actas que luego fueron validadas en el juez de paz de Rodríguez de Mendoza y Eduar Santillán aclara que están arrepentidos y, al mismo tiempo, atados de manos.

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