Poder Judicial: OCMA suspendió a cuatro jueces superiores de Cañete por corruptos
El actual Presidente de la Corte Superior de Cañete, Manuel Paredes Dávila y a otros tres jueces superiores del distrito, fueron suspendidos por la OCMAdel Poder Judicial, por cometer irregularidades en sus funciones
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La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, suspendió de sus funciones por 60 días al actual Presidente de la Corte de Cañete, Manuel Roberto Paredes Dávila y a otros tres jueces superiores del distrito, por cometer actos irregulares.
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La Jefatura de OCMA, a cargo de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, sancionó con la medida disciplinaria de suspensión en el cargo por 120 días a los Jueces Superiores Luis Enrique García Huanca y Francisco Enrique Ruiz Cochachín, en su actuación como Jueces Superiores de la Sala Penal Liquidadora de Cañete.
Sin embargo, propuso al CNM la destitución en el cargo de sus funciones, del Juez Superior, Jorge Enrique Sanz Quiroz, de la citada Corte Superior.
Conforme a la investigación llevada a cabo por la OCMA, en el caso del actual Presidente de la Corte Superior de Cañete, consiste en haber incumplido sus funciones cuando estuvo a cargo del Órgano Desconcentrado de Control de dicha localidad.
En cuanto a los magistrados García Huanca y Ruíz Cochachin, se concluye que actuaron con negligencia inexcusable al resolver un proceso judicial.
Sin embargo, la de mayor gravedad para la OCMA, es la situación del también magistrado superior Sanz Quiroz, quien según las investigaciones efectuadas en su contra, concluyen que mantuvo relaciones extraprocesales con el Abogado de una de las partes del proceso judicial a su cargo, quien inclusive lo patrocinó y tal hecho ha sido corroborado en el desarrollo del expediente disciplinario.
Por esa razón, la Jefa de OCMA ha dispuesto el apartamiento inmediato del indicado magistrado (medida cautelar de suspensión) en el cargo que venía desempeñándose.
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La Jefatura de OCMA, reitera su compromiso de luchar frontalmente contra el flagelo de la corrupción en el ámbito del Poder Judicial y exhorta a los magistrados y auxiliares de este Poder del Estado a observar en sus actuaciones una conducta ética y con apego a la normatividad legal vigente.
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