Corrupción judicial le costaría más de S/ 4,000 millones al Perú

Cifra increíble. El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias ( SNI), Ricardo Márquez, señaló que la corrupción judicial tiene un costo para el Perú que podría superar los S/ 4,000 millones; además que deteriora la competitividad y desarrollo del país.

Explicó que para esta estimación, la Gerencia de Políticas Públicas de la SNI, planteó que si de todos los factores que inciden en la producción nacional, solo mejoramos el sistema de justicia, alcanzando el estándar ético del Poder Judicial de Chile (el país menos corrupto de la Alianza del Pacífico , según el Foro Económico Mundial), el valor de nuestro PBI sería de S/ 4,000 millones más que el actual.

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Recordó que el sistema judicial peruano es percibido como uno de los cinco más corruptos de Sudamérica , por eso las últimas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, a fin de establecer una lucha frontal contra la corrupción, es una iniciativa que debe ser apoyada por todos los actores políticos y sociales del país, destacó el empresario.

“La corrupción judicial es especialmente nociva para el crecimiento económico porque desalienta la inversión, al dañar la predictibilidad del sistema jurídico ; y, de esta forma, hacer más riesgosos y menos productivos los emprendimientos empresariales. Además, reduce la creación de empleo porque genera incertidumbre jurídica, inestabilidad política e inseguridad pública”, manifestó Márquez.

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En ese contexto, el titular de la SNI insistió que es urgente la adopción de estándares anticorrupción por parte del sector privado y del Estado; a fin de combatir estas prácticas que deterioran la competitividad, el desarrollo de los países y perjudica a la población al impulsar la informalidad, el desempleo y la pobreza.

Afirmó que la relación negativa entre corrupción judicial y desempeño económico se pone de manifiesto cuando países como Finlandia, Nueva Zelanda o Noruega, a la vez que exhiben los menores niveles de corrupción judicial del mundo, son las naciones con los más altos estándares internacionales de competitividad; ello, a diferencia de Venezuela, Chad o Burundi.