Poder Judicial ordenó la captura contra congresista de APP, Benicio Ríos

El Poder Judicial del Cusco, ordenó la ubicación y captura del congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Benicio Ríos Ocsa, con el fin que cumpla los 7 años de prisión que se le impuso por la compra sobrevaluada de un terreno destinado para un relleno sanitario, cuando se desempeñaba como alcalde de la provincia de Urubamba el 2009.

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Esta orden fue impuesta, por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal, luego que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, confirmó la resolución inicial, que resolvió que el parlamentario no está protegido por la inmunidad parlamentaria.

Por lo tanto, dispuso el magistrado del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal, Jimmy Manchego dispuso a la Policía de Requisitoria que procesa con su ubicación y captura del parlamentario, para que cumpla con la ejecución de la sentencia provisional y luego se disponga su internamiento a un penal de la ciudad.

La resolución emitida el pasado 4 de abril, de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema de Lima, señala que se confirma la decisión que ya tomó en marzo de 2017 y resolvió que Ríos no está protegido por la inmunidad.

“La materia ha sido atendida mediante la resolución de fecha veintiséis de marzo de 2017, disponiéndose la prosecución de la causa en ese momento de modo ordinario, por no hallarse a Benicio Ríos Ocsa, en el tiempo de los hechos, dentro de los alcances de la inmunidad parlamentaria, con lo que el trámite ante esta comisión ha concluido”.

Asimismo, el artículo 16 del reglamento del Congreso es claro en ese tipo de casos, “La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal, que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden”.

El parlamentario fue condenado por el Poder Judicial, al ser hallado responsable del delito de colusión agravada por adquirir terrenos a precio sobrevaluado para la construcción de un relleno sanitario cuando se desempeñaba como alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba, en 2009. 

De acuerdo a la investigación fiscal, el legislador gestionó la adquisición de casi 10 hectáreas valorizadas en 250 mil, dólares pero al final fueron adquiridas, con su aval, en 423 mil dólares.

también fueron condenados, el ex gerente municipal Raimundo Romero y el dueño del predio adquirido Mario Coyori. 

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El juez Jimmy Manchego, inhabilitó al congresista para ejercer cargo público por 3 años y ordenó el pago de una reparación de 250 mil soles. 

Mañana la Sala Penal de Apelaciones del Cusco, realizará una audiencia a las 10.30 de la mañana donde decidirá si confirma o revoca la condena de siete años de prisión que se le impuso al congresista de Alianza Para el Progreso.