Poder Judicial admitió demanda del presidente Pedro Castillo contra el Congreso

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, admitió a trámite la Acción de Amparo que interpuso el presidente Pedro Castillo Terrones contra el Congreso de la República para anular las investigaciones y mociones que afronta en el Legislativo.

Los magistrados ordenaron fijar fecha para la audiencia única el 6 de marzo del 2023 a las 9:00 a.m., donde los abogados deben presentar sus alegatos y no podrán exceder por el término de cinco minutos concedidos para su informe oral.

Asimismo, dispuso que los demandados, el presidente del Congreso José Williams Zapata, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Lady Camones Soriano y el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura Angel y al procurador del Legislativo, Manuel Peña Talavera, contesten la demanda en un plazo de 10 días hábiles.

El jefe de Estado demandó al Congreso de la República para frenar la denuncia constitucional por traición a la patria que se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyo informe final lo acusa y pide inhabilitarlo por cinco años de la función pública.

Además solicita que se anule el informe sobre el caso Sarratea, elaborado por la Comisión de Fiscalización, acusado presuntamente por liderar una organización criminal.

Asimismo, pide anular la tercera moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente que se encuentra en etapa de recolección de firmas y el congresista no agrupado Edward Málaga, busca hasta llegar a las 87.

En el documento, el mandatario finaliza pidiendo que “se ordene al Congreso de la República, se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en mi contra, y en mi calidad de presidente constitucional de la República del Perú”.

El mandatario presentó esta demanda inicialmente y el 14 de octubre pasado, el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió que no era su competencia hacerlo. Por lo que acudió a la Sala Constitucional.