Poder Judicial cambió al juez que tiene el caso de las esterilizaciones forzadas

La disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) que da por concluidas las designaciones de la jueza superior María Apaza Panuera y del juez Rafael Martínez Vargas, como magistrados de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, “no afectará los procesos jurisdiccionales que tienen a cargo”.

El juez Rafael Martínez Vargas tiene a su cargo la denuncia penal formalizada contra el ex presidente Alberto Fujimori y los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga Recuenco y los exfuncionarios Ulises Jorge Aguilar y Segundo Aliaga, por el caso de las “Esterilizaciones Forzadas” y debe decidir si abre proceso penal contra los imputados.

Así lo precisa la Resolución Administrativa N° 000374-2021-CE-PJ, publicada en el Diario El Peruano, que precisa que la medida “no afectará los procesos jurisdiccionales a cargo de la jueza y jueces mencionados, por lo que tendrán que intervenir en los casos que la ley procesal lo dispone de manera imperativa”.

Ello con el propósito de “evitar el quiebre de juicios orales o frustrar la conclusión de los requerimientos y solicitudes que se encuentran a la fecha en trámite avanzado” en los procesos que conocen.

Cabe indicar que lo resuelto por el CEPJ responde a los Oficios 000864-2021-P-CSNJPE-PJ y 000886-2021-PCSNJPE-PJ, cursados por el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Apaza Panuera, integrante de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, y Martínez Vargas, a cargo del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, serán reemplazados por los jueces Francisco Maguiña Castro y Littman Ramírez Delgado, respectivamente.

Maguiña Castro es juez superior titular de la Corte Superior de Ancash, en tanto que Ramírez Delgado es juez especializado penal titular de la Corte Superior de Amazonas.

El CEPJ estableció también que la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada deberá disponer las medidas administrativas que le competen, para evitar la afectación del servicio de administración de justicia en los mencionados órganos jurisdiccionales.

Asimismo, los presidentes de las Cortes Superiores del Santa, Piura, Ancash y Amazonas, deberán evitar que las designaciones y/o conclusiones efectuadas, afecten los procesos en giro en los respectivos órganos jurisdiccionales.

La resolución precisa, además, que los magistrados Apaza Panuera y Martínez Vargas retornarán a sus plazas de origen en las Cortes Superiores de Justicia del Santa y Piura, respectivamente.

Debe resaltarse que la designación y conclusión de funciones de los jueces integrantes de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada corresponde al CEPJ.

Cabe indicar, que una de las atribuciones del referido órgano de gobierno es adoptar acuerdos y medidas necesarias para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia, así como evitar la afectación al servicio de administración de justicia.