Gobierno dispone que las F.F.A.A. apoyen a la PNP en la seguridad ciudadana de Lima y Callao

Este martes 2 de noviembre el Gobierno de Pedro Castillo dispuso que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad ciudadana en apoyo a la Policía Nacional del Perú, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales en Lima y Callao durante 30 días calendario, de acuerdo a una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

En efecto, según la Resolución Suprema N° 191-2021-IN, la actuación de las F.F.A.A. “constituye una tarea de apoyo a la misión de la Policía y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la PNP”.

Dicha medida responde a una solicitud presentada por la PNP, debido al "incremento significativo" del crimen común y organizado en las jurisdicciones de Lima y Callao, así como de "organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos. hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanos".

En ese sentido, los agentes del orden aseguran que estas actividades delictivas "han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policia Nacional del Perú".

Por otro lado, la resolución también aclara que la actuación de las Fuerzas Armadas garantizará la vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, así como la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada.

"La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme a la presente Resolución Suprema, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte", señala el documento.

La Resolución suprema fue firmada por el ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles, y el ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite.