Ordenan impedimento de salida del país para jueza de una Sala Penal Liquidadora

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impuso 36 meses de impedimento de salida del país y el pago de una caución de 50 mil soles contra la jueza superior de Lima, Enma Benavides Vargas, presidenta de la Sala Penal Liquidadora de Lima, tras ser acusada presuntamente de otorgar libertades a procesados entre el 17 de noviembre del 2012 y el 10 de marzo del 2015.

La resolución del juez Hugo Núñez señala que se le imputa a los jueces superiores Enma Rosaura Benavides Vargas, María Luisa Apaza Panuera y Lorenzo Pablo Ilave García presuntamente de ser líderes e integrar una organización criminal destinada a la realización de delitos contra la administración pública, que se dedicaban a confirmar u otorgar beneficios procesales irregulares, en su condición de jueces superiores integrantes de la Sala “E” de la Sala Penal Nacional, durante el período que ejercieron funciones desde noviembre de 2012 hasta marzo de 2015.

Indica, además que la red criminal tendrían varios roles y estaría integrada por Rafael Martín Martínez Vargas, juez especializado penal integrante de la Sala Penal Nacional, encargado de beneficiar y solicitar beneficios ilegales a procesados en primera instancia judicial.

Además, la integraría Carmen del Pilar Arias Tello, secretaria judicial de la Sala Penal Nacional quien laboró juntamente con el juez Rafael Martín Martínez Vargas y sería la encargada de tramitar y solicitar beneficios económicos ilegales a procesados, en primera instancia judicial. Además, habrían pruebas que ella se encargaba de llamar a los procesados para coordinar y solicitar el dinero.

Mientras que el cómplice primario es el abogado Walter Máximo Mendoza Pérez quien sería el nexo entre los magistrados y los procesados que se dedicaba a visitar a los presos en los penales con la finalidad de que se vean beneficiados con la obtención de su libertad, previa cancelación de una ventaja económica ilegal que sería entre los 70 a 150 mil dólares, señala la resolución. Para este procesado el juez supremo Hugo Núñez Julca le impuso 18 meses de prisión preventiva.

Asimismo, otra integrante de la organización criminal sería la letrada Ana Luisa Vásquez Aliaga, quien sería el brazo legal y la encargada de redactar en borrador las resoluciones judiciales de los procesados con la finalidad de que se vean beneficiados con la obtención de su libertad, previa cancelación de una ventaja económica ilegal. Para ella el juez le impuso comparecencia con restricciones y el pago de una caución de 30 mil soles.