Poder Judicial dictó 36 meses de prisión para alcaldesa de San Juan de Miraflores

El Poder Judicial de Lima Sur ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la alcaldesa del distrito de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina Garnica y su pareja Walter Huamán Hidalgo, presuntamente por la adjudicación irregular de obras, cobro de cupos de dinero a empresario hoteleros y gastos sobrevalorados en canastas de alimentos entregadas a familias durante la pandemia del covid-19.

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur impuso esta medida coercitiva contra los imputados por el presunto delito de organización criminal, colusión, peculado, cohecho pasivo propio en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Asimismo, el magistrado del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Juan Carlos Romero Núñez, dictó de 24 meses de prisión preventiva para Jessica Correa Rojas, Elvis Baylón Camacho, Godofredo Guardia Bayona, quienes serán internados en un establecimiento penitenciario del país.

El juez dispuso comparecencia con restricciones para Miguel Aste Aguilar y Gina Martínez Gutiérrez más el pago de mil soles de caución para cada investigado. Además, ellos no deberán ausentarse del lugar de su residencia y presentarse cada mes para el registro biométrico de su huella.

También dispuso oficiar a la Policía Judicial la inmediata ubicación y captura del investigado Manuel Alcántara Rengifo y una vez puesto a disposición del juzgado, para su internamiento en un penal que disponga el INPE.

Cabe recordar que el pasado martes 17 de agosto, se dio inicio a la audiencia de requerimiento de prisión preventiva que fueron continuadas en seis sesiones y recién culminó hoy en la mañana.

Cristina Nina Garnica es investigada por ser supuesta “cabecilla de una presunta organización criminal” dentro de la mencionada municipalidad distrital al haber participado como posible autora del delito de cohecho pasivo propio para “la solicitud de dinero (pago de cupos)” a empresarios hoteleros.

Además, por el presunto delito de colusión en el direccionamiento de contratación directa en la compra de productos alimenticios y en la adquisición de botas de cuero por un valor referencial siendo dichos productos una donación, entre otras imputaciones.