INDECI pretende desconocer deuda por más de medio millón de soles

El Instituto de Defensa Civil (INDECI) pretende desconocer una millonaria deuda a propósito de adquisición de alimentos en el marco de la campaña de emergencia sanitaria con motivo de la pandemia del Covid 19 en el Perú. Pero no sólo eso, sino que además pretende penalizar a la empresa que brindó el servicio.

A la fecha, esta entidad del Estado, adscrita al Ministerio de Defensa, se encuentra adeudando una suma que supera el medio millón de soles. El caso se viene ventilando en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica (CARCPUCP). Según se sabe, la controversia se refiere al contrato N° 085-2020-INDECI. Pero eso no es todo, puesto que según se supo por tratarse de menor monto, se ha iniciado otro proceso de arbitraje ad-hoc por la controversia en el contrato N° 081-2020-INDECI.

Todo este tema se trata de la contratación del suministro de bienes alimentarios para el abastecimiento de alimentos, como parte de los Bienes de Ayuda Humanitaria, con disponibilidad inmediata para la atención a las familias de las personas afectadas en estado de vulnerabilidad por la Emergencia Sanitaria a consecuencia del brote del Covid - 19.

“En el marco a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 068- 2020 - Ítem 15: Filete de Atún en Aceite Vegetal”, teniendo como objeto la adquisición de 3,983,760.00 latas de filete de atún en aceite vegetal por el monto total de S/. 13’664,296.80 (Trece millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis con 80/100 soles)”, señalaba el documento de licitación.

Sucede que, con base al Decreto mencionado, Indeci podía regularizar las contrataciones como plazo máximo 30 días hábiles, con prórroga de 10 días hábiles más si se requiere garantía de fiel cumplimiento. En base a ello, la empresa BELTRAN vino ejecutando, con cargo a regularizarse el contrato en el plazo establecido en la norma citada.

No obstante, Indeci terminó reprogramando las entregas sucesivamente, argumentando “falta de espacio para almacenamiento de los bienes e incluso cambio de lugar de almacenamiento”. Increíblemente, y a pesar que la propia entidad estatal fue la que ocasionó las reprogramaciones de entrega, optó por imponer penalidades “por supuestas demoras en la entrega”.