Prófugos de la justicia acudieron a vacunarse contra la COVID-19 y no fueron detenidos [VIDEO]

El proceso de vacunación en el Perú contra el nuevo coronavirus (COVID-19) se ha convertido en uno de los más eficientes en la lucha contra la pandemia y así lo demuestran las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa), en la que se informó que el 12 % de la población ya recibió las dos dosis y ocupa el quinto lugar en Latinoamérica.

Sin embargo, un reportaje de Punto Final reveló que dentro de esa cantidad de inmunizados existen personas que se encuentran requisitoriadas y buscados por la justicia por diversos delitos como estafa, secuestro, asesinato, entre otros, llegando sin mayor problema a sus vacunatorios y en presencia de la Policía Nacional.

Uno de ellos es el caso de José Román Saavedra quien, pese a estar prófugo de la justicia y aparecer en el programa de recompensas del Ministerio del Interior en la que ofrecen 20.000 soles por su paradero, asistió a vacunarse para luego irse sin ser detenido. Es acusado por el asesinato de su compañero de trabajo en 2017.

De acuerdo al reportaje periodístico, tras el crimen, el sujeto fue intervenido por la PNP al encontrarse con sangre de su victima y pasó solo unos meses de prisión preventiva. Sin embargo, al salir en libertad rápidamente se dio a la fuga. La familia del occiso desde Cajamarca pide justicia a las autoridades.

“Ahí trabajó durante 23 años y, en el último año, su compañero de trabajo, el señor José Román Saavedra Castro, va el 27 de junio del 2017 y lo asesina rompiéndole más de 15 costillas”, manifestó uno de los familiares del fallecido.

Otros de los que lograron inocularse contra la COVID-19 son Mario Caldas Dueñas, de 71 años, y César Vela Mejía; investigados por desaparición forzada y estafa agravada, respectivamente.

Coronel PNP denunciado por secuestro también recibió la dosis

De la misma manera, el coronel PNP Julio Alberto Rodríguez Córdova es otro de los que recibió la vacuna contra el virus, pese a haber sido denunciado por "permitir, alentar y dirigir actos de violación sexual contra una estudiante de la Cantuta" en 1992, quien finalmente terminó embarazada.

“La mantuvo en una situación prácticamente de secuestro y permitió, alentó y dirigió actos de violación sexual sobre la agraviada. El resultado de esto fue el embarazo de la agraviada”, sostuvo el abogado Carlos Rivera.

El sistema de recompensas ofrece 20.000 soles por dar a conocer su paradero al contar con una sentencia de 16 años en su contra. Sigue en la calle como si nada hubiese pasado.

Respuesta del Minsa

Por su lado, el Ministerio de Salud respondió sobre estos hechos y aseguró que no existe un protocolo para este tipo de situaciones y que el Mininter no ha tenido "interés" en hacer un convenio o plantear una estrategia para identificar estos malos elementos de la sociedad.