Odebrecht: Fiscalía pide extender arresto domiciliario de Susana Villarán hasta el 2022
El juez Jorge Chávez Tamariz evaluará la solicitud del Ministerio Público contra la exalcaldesa de Lima, investigada por presuntamente recibir sobornos de USD10 millones.
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La Fiscalía encargada de las investigaciones contra la exalcandesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, por los casos casos OAS y Odebrecht solicitó ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria la ampliación de su arresto domiciliario hasta el año 2022.
El pedido fue enviado al juez Jorge Chávez Tamariz, quien iba a evaluar el requerimiento fiscal la mañana de este jueves; sin embargo, fue reprogramado para el jueves 20 de mayo desde las 10 a.m.
Por su lado, la defensa legal de la exburgomaestre, Raúl Pariona Arana, aseguró que la solicitud "afecta el derecho de una defensa eficaz”, debido a que fue notificado este último miércoles por la mañana, por lo que no tuvo el tiempo suficiente para estudiar las 687 páginas y preparar su defensa.
Frente a ello, el magistrado ordenó la postergación de la audiencia y, además, dispuso que Villarán de la Puente continúe con la misma restricción hasta el próximo 20 de mayo o hasta que se resuelva si se mantiene o no con arresto domiciliario durante 12 meses más.
Detalles
Cabe resaltar que este viernes 14 de mayo se cumplen dos años del arresto domiciliario contra Susana Villarán impuesto por un tribunal en 2020, por lo que el Equipo Especial Lava Jato decidió solicitar la prórroga de 12 meses más el último 10 de mayo.
Entre las restricciones que tiene la exalcaldesa están no tener comunicación con sus coimputados o testigos y peritos del Ministerio Público, no declarar a los medios de comunicación, no convocar a reuniones sociales en el inmueble donde cumple su arresto y pagar la suma de S/20 000 como caución.
El caso
Susana Villarán es investigada por lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión por presuntamente liderar una organización criminal entre 1011 y 2014 y haber recibido USD10 millones de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocatoria en 2013 y reelección en 2014.
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