Líderes indígenas rechazan proyecto de ley que plantea la presencia militar en comunidades

Líderes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA), enviaron una carta al presidente Francisco Sagasti, rechazando la aprobación de la ley 5424, el cual promueve la presencia paramilitar en las comunidades indígenas nativas y campesinas, pese a que estas se encuentran organizadas para su propia defensa.

“…(con el) pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico busca legalizar el paramilitarismo dentro de los territorios indígenas”, se lee en el documento a la que tuvo acceso Wayka.

De acuerdo al dictamen aprobado el último 22 de abril, los comités de autodefensa deberán apoyar a la Policía Nacional en el control del orden interno y la lucha contra la inseguridad ciudadana en las zonas rurales, mientras que en los sectores declarados en estado de emergencia, serán controlados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Dicho proyecto fue llevado adelante con la aprobación de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, tendiendo en cuenta las opiniones de los ministerios del Interior, de Defensa, Justicia y Derechos Humanos, la Presidencia del Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú, la Defensoría del Pueblo, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales, y la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú.

Sin embargo, no tomaron en cuenta las opiniones sobre esta medida a las organizaciones indígenas que representan a las comunidades nativas y campesinas. Además, señalan que debió discutirse en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Ambiente y Ecología del Congreso.

“En cualquier caso, la Comisión de Defensa debió mínimamente informar a las organizaciones indígenas sobre el proyecto de ley en curso y solicitar y considerar la opinión correspondiente”, mencionan en la misiva.

“[…] el Congreso ha vulnerado los derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado, al no haber notificado a las organizaciones indígenas sobre la medida legislativa a aprobarse susceptible de vulnerar sus derechos”, agregan.

Por su lado, en diálogo con Wayka, la presidenta de Onamiap, Melania Canales, aseguró que la norma serviría para continuar la represión contra las poblaciones indígenas y sería una puerta abierta para la violación de derechos humanos.

"Hemos visto que promueve el paramilitarismo dentro de los territorios de los pueblos indígenas, que a civiles les darán armamento y financiamiento. Eso va a fortalecer la violación de los derechos humanos de los pueblos y el despojo de sus territorios. Con su pretexto es la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, el Estado va a seguir reprimiendo contra los que defendemos nuestros derechos. Basta de promover la violencia, basta de imponer la muerte en los pueblos indígenas", sentenció.