OCMA pide destituir a dos jueces y la suspensión de un secretario de la Corte de la Libertad

Al concluir las investigaciones, la Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Mariem De La Rosa Bedriñana, propone ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la destitución de la magistrada Colette María Uceda Vélez, quien en su actuación como Jueza del Sexto Juzgado Civil de Trujillo, adoptó criterios contradictorios en casos de similares petitorios.

Según la resolución, la citada magistrada declaró improcedente una demanda de amparo presentada por una ciudadana en contra del Ministerio de Educación con la pretensión de inaplicar el DS. 003-2014-MINEDU, y modificar una disposición complementaria del DS. 004-2014-MINEDU, Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial. Empero, con posterioridad, y sin explicar su cambio de criterio admite otras dos demandas de amparo que tenían el mismo propósito.

En otro caso, no verificó su competencia y a solicitud de una persona jurídica admitió una demanda de amparo en contra del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), y de la Municipalidad de Distrital de Pacanga, para declarar nula resoluciones de alcaldía; atentando contra el deber de impartir justicia con sujeción al debido proceso e inobservando principios inherentes a la jurisdicción.

A la vez, propone ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la destitución de Víctor Marciano Cruz Grados, quien en su actuación como Juez de Paz de Segunda Nominación del Poblado de Roma, distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, por avocarse al conocimiento de tres procesos sobre exoneración de pensión de alimentos, los cuales son de competencia exclusiva del Juez de Paz Letrado.

También propone ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la destitución del servidor Vicente Marciano Nureña Tisnado, quien en su actuación como Secretario Judicial del Juzgado Mixto de Julcán, ocasionó grave perjuicio al Órgano Jurisdiccional donde labora, al no dar cuenta oportunamente de la tramitación de diversos proceso judiciales, generando retardo de hasta cuatro años.

Para los casos citados, la Jefa de la OCMA dictó medidas cautelares suspendiéndolos preventivamente en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial, hasta que la instancia correspondiente resuelva en definitiva.