Martín Vizcarra al Congreso: “Aprobar un informe por una Subcomisión no es inhabilitar"

A dos semanas de las elecciones generales, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años de cargos públicos. El texto también alcanza a Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, exministras de Estado.

Tras esto, el exmandatario y candidato al Legislativo se pronunció en sus redes sociales, donde aseguró que el Parlamento está pretendiendo, nuevamente, "engañar al pueblo" al decir que él ya no está en carrera electoral.

“Una vez más, el Congreso pretende engañar al pueblo peruano haciéndoles creer que ya nos sacaron de carrera. No es así, seguimos en carrera y más fuertes que nunca (…) Este Congreso, de forma acelerada, viene aprobando informes que carecen de sustento y violan el debido proceso. Aprobar un informe por una sub-comisión no es inhabilitar. No se dejen engañar”, escribió en su cuenta de Twitter.

El texto, que se da en el marco del caso Vacunagate, también recomienda inhabilitar a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por un periodo de 8 años. Según detalló el congresista Jim Ali Mamani, la médico vulneró diversos artículos de la Constitución del Perú al inmunizarse contra el COVID-19.

En el caso de la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, el informe pide una sanción más leve, pues solo establece que su inhabilitación de cargos públicos sea durante un año. Esto debido a que, de acuerdo a lo que argumentó, habría recibido el visto bueno de Francisco Sagasti, actual presidente, para su inoculación.

“El hecho es haber recibido la vacuna candidata contra el COVID-19 de Sinopharm durante su cargo como Presidente de la República sin haber sido voluntario del ensayo clínico, además, hay un hecho dos que es haber solicitado o intercedido para que su esposa y hermano también hayan sido vacunados”, argumentó Jim Ali Mamani, de Nueva Constitución, la mañana de este miércoles.

Es importante precisar que el texto ahora tiene que ser debatido en el Pleno del Congreso. De aprobarse, será remitido a las partes involucradas.