Corte Suprema confirmó condena contra militares por muerte de campesinos en Apurímac

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la condena de 17 años de prisión contra un grupo de militares que prestaron servicios en la Base Contrasubversiva de Antabamba en Apurímac, en abril del año 1990, al encontrarlos responsables de la muerte de 12 campesinos y la desaparición de otros cuatro.

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El máximo tribunal encontró culpables por los delitos de lesiones seguidas de muerte, homicidio calificado y desaparición forzada, considerados crímenes de lesa humanidad por el derecho penal internacional.

De esa manera, el colegiado confirmó la sentencia de 17 años que se le impuso, en primera instancia, al jefe de la patrulla "Raya" Alan Olivari Medina, quien entre el 19 y 30 de abril de ese año, realizó patrullajes antisubversivos en la zona, circunstancias en las cuales se cometieron los delitos sancionados. 

De igual modo, ratificó la sanción de 15 años al jefe de Base Contrasubversiva de Antabamba, Jaime Pando Navarrete y de 10 años para Mario Cruz Porcela, Beltrán Tapia Carrasco y José Pérez Quispe y 8 años de cárcel contra Felipe Montañez Ccama.

De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema, los campesinos Quintín Alférez Cjuro, Telésforo Alférez Achinquipa, Gregorio Huisa Alcahuamán y Dámaso Charccahuana Huisa, desaparecieron por la patrulla militar y sus paraderos se desconocen hasta la fecha.

Los agraviados del delito de homicidio calificado fueron Jesús Jauja Sullo, Julio Huamaní Huisa, José Huamaní Charccahuana, Julio Apfata Tañire, Eustaquio Apfata Salhua, Juan Huisa Pacco, Zenón Huisa Pacco, Marco Huisa Llamoca, Gregorio Alférez Triveño y Marcos Torres Salhua; mientras que las víctimas de lesiones seguidas de muerte son Víctor Huachaca Gómez y Balvino Huamaní Medina.

El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín Castro e integrado por los magistrados Víctor Prado Saldarriaga, Hugo Príncipe Trujillo, José Neyra Flores e Iván Sequeiros Vargas, ordenaron que los sentenciados vuelvan a ser juzgados junto a los acusados Federico Cahuascanco Pucho y Alberto Alviz Medina, por la desaparición de otro campesino –Máximo Huamanga Huachaca– y por el delito de violación sexual en agravio de dos mujeres.   

“Lo que se hizo en el presente caso fue una intervención militar marcadamente arbitraria y de grave violación de los derechos humanos”, refiere el fallo.

Añade, que no se puede calificar lo sucedido como un acto aislado o efectuado por personas desequilibradas, sino como la materialización de una línea de conducta consistente en “intervenir con acciones desproporcionadas a los pobladores de esos lugares lejanos, bajo la sospecha de terroristas o colaboradores con ellos, y, desde esa óptica, someterlos a privaciones de libertad, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales (…)”.

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La sentencia de última instancia también elevó la suma de 80 mil a 100 mil soles la reparación civil que los condenados deben pagar en forma solidaria con el tercero civil responsable que es el Ministerio de Defensa, a cada víctima o sus herederos legales.